LEY 20 DEL IPE, RUDEZA FIEL A TRABAJADORES DEL ESTADO
Marco Antonio Figueroa Quinto



"¿Cual es el mejor gobierno? El que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos." Johann W. Goethe




Similar a políticos del ejecutivo federal al reformar la nefasta Ley del ISSSTE, aquí en la entidad las malas mañas se copian, y sin investigar, evidenciar y castigar a quien o quienes fueron y son los causantes del gran desfalco que impera en el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), según vox populi tienen nombres y disfrutan de tales riquezas, el Honorable Congreso del Estado con fecha 22 de mayo del año en curso, recibió iniciativa de reforma y adición de varios de los artículos de la Ley Nº 20, del IPE por el Consejo de Administración del IPE, pero todos sabemos quien esta detrás de ellos. Tal iniciativa obedece a lo dispuesto en el artículo 82 Fracción II de esta Ley Nº 20, para efectuar un profundo análisis, en búsqueda de alternativas que permitan eliminar el problema deficitario que viene presentando el organismo mediante las adecuaciones necesarias a la Ley de la materia, sin afectar, (según se dice) en lo más mínimo, las prerrogativas de los derechohabientes incorporados hasta este día. Hoy se comprueba lo que era ya una verdad a voces, la negociación que un grupo de dirigentes actuales de las principales organizaciones sindicales: Fesapauv, Setse y Sección 56 del SNTE ,hicieron y se quedaron callados inicialmente, pues fueron involucrados por el partido político oficial de Veracruz para aspirar a la legislatura local, por la vía plurinominal, entre otros Enrique Levet Gorozpe (Fesapauv), Hugo A. Vázquez Zárate (Secc. 56) y Julio Hernández Ramírez (Setse) y la inclusión de Irma Zamora Cortina (Quien lo dijera de ella), que se inquietaron e inconformaron al no aparecer inicialmente en las referidas listas, para finalmente seguir apoyando estas inquietantes enmiendas al saber que sus gestiones progresaron.


En apego a ese artículo, 82 Fracción II, se logró ese consenso entre las organizaciones sindicales, arriba mencionadas, para “mejorar” la situación financiera del IPE; mismo consenso que ha servido de base a la iniciativa del ejecutivo local, ya entregada en el Congreso del Estado, mismo que diligentemente, ya organizó a sus diputadas y diputados en mesas de trabajo, para que efectúen, como ya lo hicieron los dirigentes sindicales, “un concienzudo y profundo análisis de una iniciativa de reforma de ley”, misma que sus bases desconocen. La reforma, según se dice solo afectará a las nuevas generaciones, los que se incorporarán al servicio docente en las nuevas plazas y tendrán que trabajar durante más de treinta años, pues dicha reforma contempla jubilación a una edad mayor de sesenta años, siempre y cuando tengan en el servicio esos treinta años.




Así mismo se vuelve reiterativo “el sueldo básico integrado por las percepciones a que se refieren los párrafos anteriores, estará sujeto a las cotizaciones señaladas en los artículos 17 y 18 de esta ley, para determinar el monto de los beneficios reconocidos por la presente ley, se deberá tomar en cuenta una cantidad que no rebase el equivalente a 26 veces el salario mínimo general de zona económica “A” elevado al mes, que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en la inteligencia de que el sueldo o sueldos que se tomarán como base para esos efectos, serán aquellos que perciba el trabajador, sin considerar aumentos otorgados en forma particular, sino exclusivamente aquellos incrementos dictados en forma general a servidores de una misma rama o dependencia, o aumentos por ascensos escalafonarios o quinquenios debidamente establecidos en la normatividad del organismo al que dependa el trabajador”. Con lo anterior, la reforma de consenso de los dirigentes sindicales, se refiere a los incrementos que cada trabajador docente obtiene en Carrera Magisterial ¿sí o no? Lo que no es aceptada por los trabajadores, cuyos intereses no tienen nada en común con los de los “dirigentes”, donde se pretenda en realidad imponer una contrarreforma en el Instituto y se de al traste con todas las conquistas laborales alcanzadas por la lucha de los trabajadores, que no de los dirigentes. Con tal propuesta de consenso, se nos quiere arrebatar completamente, de manera “legal”, el limitado control que tenemos sobre el Instituto y un mejor futuro para nuestros hijos que decidan ser trabajadores de la educación. Es necesario que se entienda que la base trabajadora de los distintos sindicatos, no apoya las iniciativas de consenso, hechas “en lo oscurito” y sin su participación



Otra cuestión importante en la propuesta de consenso de los dirigentes sindicales, de la que ahora unos dijeron que nunca estuvieron en tales reuniones, para que otros nos digan que sí estuvieron, que sí hubo consenso, es que se maneja algo a lo que llaman “Solidaridad Intergeneracional”, que dice: “…con la que se persigue que “la generación en transición” se vea beneficiada con el 80 % de las aportaciones de la “nueva generación” y, a su vez, que ésta no se afecte a futuro, razón por la cual el 20 % de sus aportaciones se seguirá acumulando al fideicomiso correspondiente, lo que se ve reflejado en el texto del artículo 16 de la Iniciativa que se propone”. Hasta donde se sabe, el fondo formado por las aportaciones de “la nueva generación” tiene dos cualidades: existe un acuerdo en el sentido de que es intocable y asciende a $ 2675 millones de pesos. Deducido de ese monto, el 80 % ($ 2140 millones de pesos), la “nueva generación” se quedaría con $ 535 millones de pesos, que no se afectarán a futuro. Pero quizá usted se esté preguntando ¿qué se hará con esos $ 2140 millones de pesos? Serían enviados al llamado Fondo Global para Pago de Obligaciones, cuestión que hasta el momento, es afrontada por el Gobierno del Estado, pues de la relación económica establecida entre trabajadores y patrón, siempre han sido los primeros los que han pagado todas sus obligaciones. El IPE, lo sabe todo el mundo, está descapitalizado por el altísimo grado de corrupción que ha privado entre los miembros de las esferas gubernamentales, que un día sí y otro también, lo han usado de caja chica, para solucionar las sucesivas exigencias económicas electorales, y no porque los trabajadores en conjunto, hayan sido irresponsable y necios en no querer ver que son necesarias algunas reformas. En fín algunos, los menos, seguirán sangrando al IPE con sus fabulosas pensiones, mientras que los trabajadores, que dieron parte de sus vidas en la consolidación de este organismo, verán como sus percepciones de jubilación y pensión se pulverizan. ¿Sus dirigentes, bien, en campaña? ¡No es justo! ¡Estamos! alodi_13@hotmail.com